CONCEPCION DEL DERECHO NATURAL

INTRODUCCION

Definición de derecho natural

Del latín directum, el término derecho puede traducirse como aquello “que está conforme a la ley” y permite desarrollar postulados de justicia que constituyen la organización de las instituciones y las normas que rigen una sociedad.
Natural, por su parte, es lo que está vinculado a la naturaleza. Este término tiene múltiples significados y puede referirse a lo esencial de un ser, al conjunto de los fenómenos físicos y elementos del mundo terrenal y a la cualidad de algo, entre otras cosas.
De ambos conceptos se desprende la idea de derecho natural, que está formado por los postulados acerca de la justicia que se inspiran en la condición natural del hombre. Estos principios buscan materializarse a través del derecho positivo o efectivo, que está formado por las leyes dictadas por el Estado (que tienen que ser respetadas, de manera obligatoria, por todas las personas) para mantener el orden social.
El derecho natural (o, en latín, Ius naturale) no puede ser definido con precisión, ya que su concepción ha variado a lo largo de la historia. Por lo general, el derecho natural es fundamentado en un ente abstracto natural que resulta superior a la voluntad de las personas (como Dios).
En concreto podríamos establecer que el Derecho natural es el conjunto de normas que los seres humanos deducimos o establecemos a partir de nuestra propia conciencia y que son los que priman y se determinan como justicia en un momento histórico determinado. Esta última seña de identidad es la que establece que el mismo vaya cambiando en base a la etapa que se esté viviendo en una sociedad y en una época concreta.
Es habitual que siempre se contraponga el derecho natural a lo que se da en llamar derecho positivo. Este último se establece que sólo se puede considerar como válido porque es el Estado el que le otorga la razón para ser elaborado, aplicado y también reconocido. Pero además de ello se caracteriza porque existen una serie de órganos de gobierno que son los que arbitran el mismo y porque los valores que establece están claramente delimitados por lo que es la legalidad.
Los derechos naturales son inalienables y universales, ya que ningún ser humano puede privar a otro de su goce y ninguna persona puede decidir prescindir de ellos. Esto hace que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sea la carta encargada de recoger y proteger los derechos que derivan del derecho natural.
Un documento este, que tiene su origen en el año 1789 y más concretamente en el desarrollo de la Revolución Francesa. Y es que en ella la Asamblea Constituyente aprobó los derechos personales y colectivos de la sociedad que se entendían como universales.
No obstante, tenemos que subrayar que ahora esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que salió adelante gracias al respaldo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha convertido en un instrumento para acabar tanto con la discriminación como con la opresión.

DIFERENCIAS ENTRE DERECHO NATURAL Y POSITIVO

Algunos estudiantes han preguntado por la diferencia entre derecho natural y derecho positivo. Se me ocurre que la que presento líneas abajo, podría ser la diferencia principal.

No obstante, antes de proceder a mostrarla, quiero invitarlos a que busquen distintas definiciones de uno y otro, y complementen, o incluso mejor, rebatan, mi postura sobre el punto.


Creo que la diferencia básica entre derecho positivo y derecho natural está fincada en el elemento de la posibilidad de VERIFICAR (tales fenómenos) por medio de los sentidos.

En esta medida el derecho positivo sería el derecho (conjunto de normas, prácticas, instituciones) cuya existencia se puede comprobar por medio de los sentidos a partir de la verificación de ciertos fenómenos:

a.) ciertos actos de creación e imposición de normas (por seres humanos que se consideran autorizados para ello).

b.) ciertos actos de reconocimiento y obediencia de esas normas (por personas que se sienten obligadas por tales normas) y,

c.) ciertos actos de aplicación y ejecución de esas normas (por seres humanos que se comportan de conformidad con tales normas y las hacen cumplir así sea por la fuerza).

El derecho positivo es un derecho que existe solamente porque los seres humanos lo han creado.


Por su parte, el derecho natural es el derecho (conjunto de normas, principios, instituciones) que no se puede comprobar a partir de la verificación de ciertos fenómenos, sino que su creación se atribuye a una entidad metafísica, ya sea una divinidad, un grupo de divinidades o la naturaleza (del hombre, de la sociedad, de las cosas).

El ser humano puede llegar al conocimiento del mismo ya no a partir de la identificación de ciertos fenómenos, sino a partir de dos vías: la revelación y el descubrimiento.

En el primer caso se habla de derecho natural de origen divino. y en el segundo, derecho natural de origen racional.

Estas dos formas de ver el derecho natural dieron lugar a distintas escuelas que han sido agrupadas bajo el nombre de iusnaturalismo teológico e iusnaturalismo racionalista, respectivamente.

El derecho natural preexiste al ser humano. No ha sido creado por su voluntad.

Derecho natural

Conjunto de normas y principios jurídicos que se derivan de la propia naturaleza y de la razón humana, que existen como principios inmutables y universales. El Derecho natural actúa como base para la elaboración e interpretación de las normas del Derecho positivo.

. Expresión susceptible de acepciones muy diferentes:
Io Investigación de lo justo por medio de un estudio racional y concreto de las realidades sociales, orientado por la consideración de la finalidad del hombre y del universo.
2o Principios inmutables, descubiertos por la razón, que permiten comprobar el valor de las reglas de conducta positivas admitidas por el derecho objetivo.

Filosofía del Derecho

El derecho natural es el ordenamiento jurídico que nace y se funda en la naturaleza humana, no debiendo su origen, por tanto, a la voluntad normativa de ninguna autoridad, como ocurre con el derecho positivo. Es un conjunto de preceptos que se imponen al derecho positivo y que éste debe respetar. El derecho positivo está establecido y sancionado, para cada tiempo y cada comunidad social, por la voluntad del legislador, que representa la voluntad social; por lo tanto, se trata de un derecho variable, contingente, mientras que el derecho natural es un orden jurídico objetivo, no procedente de legislador alguno, que se impone a los hombres por su propia naturaleza; es objetivo e inmutable y conocido por la razón.
Por encima del derecho positivo, dimanante de un legislador, existe un derecho independiente, que se justifica en la exigencia misma de introducir en el concepto del derecho y del estado el valor fundamental y original de la persona humana, y colocar este valor en el vértice de todo el sistema jurídico.

Es necesario señalar que las normas que integran el derecho natural son de carácter jurídico, una realidad jurídica objetiva y no unos principios de carácter moral o religioso. El derecho natural constituye un verdadero ordenamiento jurídico, con sus mandatos y prohibiciones, independiente de la voluntad humana y de toda reglamentación positiva.

El carácter jurídico de los preceptos del derecho natural ha sido negado por las posturas positivistas. El derecho natural carece de positividad, por lo que debe, según los iuspositivistas, negarse su realidad o su carácter normativo, ya que la positividad es una característica esencial del derecho. Frente a esto hay que distinguir entre derecho concreto, históricamente dado, que requiere efectivamente vigencia o positividad, y el derecho como realidad esencial e intemporal (A. FERNÁNDEZ-GALIANO). El derecho natural está vigente a través de los ordenamientos concretos que lo incorporan, por lo que habrá de afirmar su condición de tal derecho. El derecho natural es derecho, tanto por la estructura de sus normas (enunciados prescriptivos relativos a comportamientos) como por su obligatoriedad (el derecho natural es aceptado como objetivamente obligatorio
Los principios del derecho natural se basan en la naturaleza humana. Pero actualmente, al hablar del concepto de derecho natural, se alude no sólo a la naturaleza del hombre, sino a un conjunto de realidades en las cuales se desarrolla la convivencia social (factores culturales, sociológicos, etc.).

El derecho natural es el fundamento del derecho positivo, es decir, éste está subordinado al natural. El derecho natural sirve al ordenamiento positivo de control y límite, y además de complemento. El derecho natural justifica la existencia y obligatoriedad del positivo, pero no es éste una mera repetición del primero, ya que los preceptos naturales son abstractos, generales y universales, de lo que nace la exigencia de la existencia de un derecho positivo concreto y adaptado a cada sociedad en cada tiempo, incorporando el valor de justicia subyacente en estos principios naturales.

Una expresión contemporánea -no única- del derecho natural se traduce con los derechos humanos fundamentales. Éstos se pueden definir como aquellos de los que es titular el hombre, no por graciosa concesión de las normas positivas, sino con anterioridad e independientemente de ellas, y por el mismo hecho de ser hombre, de participar de la naturaleza humana (A. FERNÁNDEZ-GALIANO).

El fundamento de los derechos humanos se encuentra en el derecho natural. El derecho a la integridad moral y física, a la libertad, a la defensa legal, etc., constituyen una dotación jurídica básica igual para todos los hombres, por encima de toda discriminación. El origen de los derechos humanos no puede ser la Constitución, ni un convenio internacional, ya que esto implicaría que pueden ser suprimidos o modificados libremente por el legislador constituyente o por las autoridades firmantes de ese convenio. Por lo tanto, dejarían de ser derechos fundamentales intangibles.

La teoría de los derechos fundamentales supone, cualquiera que sea la terminología empleada (derechos del hombre, derechos fundamentales, derechos naturales...), la existencia de un ordenamiento superior, el derecho natural, que es su fundamento y justificación.

Varias son las orientaciones que ha tenido, a través de la historia, la doctrina del derecho natural.

1) la expresión es originaria de Roma. Bajo la influencia de la filosofía griega, los juristas romanos afirmaron la existencia de un derecho superior al positivo, común a todos los pueblos y épocas. Pero se advierte cierta vacilación en la terminología.

Algunos llamaban derecho natural lo que la naturaleza enseñó a todos los animales, incluso el hombre y lo contraponian al derecho de gentes (jus gentium), usado por todos los pueblos.

Otros daban a éste último el nombre de jus naturae, sin precisar mayormente acerca de su contenido.

Y otros, como Paulo, forjaron la idea que después prevaleció de que el derecho natural est quod semper aequum et bonum est.

Ciceron, en varios pasajes de sus obras, perfeccionó el concepto de un ordenamiento superior, inmutable, "que llama a los hombres al bien por medio de sus mandamientos y los aleja del mal por sus amenazas", que no puede ser derogado por las leyes positivas, que

"rige a la vez a todos los pueblos y en todos los tiempos", y formado no por las opiniones, sino por la naturaleza, por "la recta razón inscripta en todos los corazones".

En el último estado del derecho romano, cuando ya se nota la influencia del cristianismo, aparece en las institutas de Justiniano una nueva definición de ese orden jurídico:

sed naturalia quidem quae Apud omnes gentes peraeque servantur, divina quadam providentia constituta, semper firma atque unmutabilia permanente. (Pero los derechos naturales, que existen en todos los pueblos, constituidos por la providencia divina, permanecen siempre firmes e inmutables).

2) el cristianismo perfeccionó este concepto, que coincidía con sus orientaciones filosóficas y políticas. La necesidad de libertar a la persona humana de la tutela absorbente del estado debía conducir, lógicamente, a buscar un sistema jurídico que no fuera sólo la expresión de la voluntad de los gobernantes. En el siglo VII, San Isidoro de Sevilla recogió de la tradición romana la idea de un derecho commune omnium nationum... Numquam injustum, sed naturales, aequumque (común a todas las naciones..., Que nunca es tenido por injusto, sino por natural y equitativo).

Fue santo tomas de Aquino (1225-1274) quien dió a esta doctrina su más perfecto desarrollo. Hay tres clases de leyes o de sistemas jurídicos que derivan jerárquicamente el uno del otro: la ley eterna es la razón divina que gobierna al mundo físico y moral, y no puede Saer conocida sino a través de sus manifestaciones; la ley natural es "la participación de la ley eterna en la criatura racional", y podemos conocerla con "la luz de la razón natural, por la que discernimos lo que es bueno y lo que es malo"; y la ley humana deriva racionalmente de la anterior para "disponer mas particularmente algunas cosas".

Esta ley natural-que ahora nos interesa- es universal e inmutable, y superior a las leyes humanas. Sus preceptos son muy generales, y podrían reducirse a uno solo: hacer el bien y evitar el mal. Pero santo tomas da algunos ejemplos: pertenecen a la ley natural aquellas reglas por las cuales se conserva la vida del hombre y se impide lo contrario; las que permiten hacer lo que la naturaleza enseñó a todos los animales, como la Unión de los sexos, la educación de los hijos y otras semejantes; y las que coinciden con

la inclinación del hombre a conocer la verdad sobre Dios y a vivir en sociedad. De esta última deriva la obligación de no dañar a otros.

Esta teoría fue desarrollada durante el siglo XVV por los teólogos españoles, especialmente domingo Soto (de justitia et iure, 1556) y Francisco Suárez (tractatus de legibus ac deo legislatore, 1612). Convertida en la doctrina oficial de la Iglesia catolica, ha encontrado en este siglo nuevos y brillantes expositores, que forman el movimiento que se ha llamado el renacimiento del derecho natural.

3) la escuela del derecho natural y de gentes debe su origen a Hugo grocio, que público en 1625 su libro de iure Belli AC pacis. Grocio reconoce la existencia de un derecho natural, pero se aparta de la escolástica al considerarlo como "una regla dictada por la recta razón", la cual nos indica que una acción es torpe o moral según su conformidad o disconformidad con la naturaleza racional.

Y esta regla existiría-agrega- aunque no hubiera Dios o no se ocupara de los asuntos humanos.

Grocio separó así netamente el derecho de su fundamento religioso y moral. El derecho natural ya no es una aspiración instintiva hacia la justicia, ni un reflejo de la sabiduría divina, sino un producto totalmente intelectual y humano. Más aun: el derecho natural no comprende solamente los preceptos fundamentales de la convivencia social, sino que puede llegar, por el esfuerzo racional
de los hombres, a elaborar sistemas jurídicos completos. Y la diversidad que se advierte entre las legislaciones positivas solo revela que los pueblos no siempre han tenido una conciencia clara
de lo que debe ser el derecho.

A pesar de su enorme predominio durante los siglos XVII y XVIII, la escuela del derecho natural y de gentes se encuentra hoy abandonada.

Su excesivo racionalismo la hizo apartarse de la realidad, convirtiendo el derecho es un producto puramente intelectual, que no tiene en cuenta la experiencia y las condiciones de la sociedad en donde va a imperar. Y la eliminación de todo vínculo entre el derecho y los demás órdenes normativos le quito ese fundamento ideal que lo justifica, para convertirlo en un simple resultado del esfuerzo racional del hombre, limitado y falible.

La doctrina del derecho natural -en su expresión tomista que podemos llamar tradicional- es, por lo tanto, la única que consigue dar un fundamento y una finalidad al orden jurídico. Ese fundamento reside en la existencia de principios superiores a la voluntad humana, y a los cuales debe esta someterse. Así como el hombre
no se ha creado a si mismo ni a la sociedad, tampoco quedan enteramente a su arbitrio las leyes que deben gobernarlo y regir el desenvolvimiento colectivo. Hay principios generales que se imponen como una necesidad racional a las determinaciones de los legisladores, porque derivan de la naturaleza misma de los seres humanos y de las exigencias de su vida en común, y esos principios son universales e inmutables, porque dan las normas básicas de la convivencia social en todas las épocas y lugares.

Estos preceptos no derivan de una determinación mas o menos arbitraria de los hombres, sino que vienen impuestos por fuerzas que gravitan decisivamente en la elaboración de las normas, y que se presentan al espíritu como una exigencia natural. En otros términos, no son solamente principios racionales-pues en tal caso podrían variar con las circunstancias y los distintos criterios intelectuales-, sino que existen del mismo modo que las leyes naturales que rigen el mundo intelectual, pero se imponen a la razón humana, y ésta puede desarrollar progresivamente su conocimiento.

Si atendemos al contenido de este derecho natural, advertimos que se funda en exigencias de la vida humana en sociedad, y que deriva de las características comunes a todos los hombres, cualesquiera sean su raza o sus modalidades peculiares. El ser humano revela, ante todo tres instintos o tendencias, de los cuales provienen ciertas normas básicas de la vida social: el instinto de conservación, la tendencia a propagar la especie y la necesidad de vivir en sociedad con sus semejantes.

Todo derecho debe, por consiguiente, fundarse sobre esos requerimientos de la naturaleza: debe proteger la vida y la integridad física de los hombres; favorecer la Unión de los sexos para la propagación de la especie y la educación de los hijos, haciendo del matrimonio y la familia dos instrumentos cuyos fines específicos merecen ser reconocidos y afianzados; y organizar un gobierno que mantenga el orden e la comunidad y oriente la conducta de sus miembros a fin de asegurar el bienestar colectivo. Con éste último fin e s preciso reconocer a la autoridad cierto

imperio sobre los individuos, a los cuales puede exigir los sacrificios destinados a realizar el bien común.

Además, el derecho, establecido para regular la actividad humana en sociedad, no puede olvidar que las personas tienen fines particulares y supremos que cumplir, y debe por lo tanto asegurarlos. Para ello es preciso quae reconozca las libertades esenciales:

de conciencia, de culto, de acción en sus múltiples formas, de asociación y de intervención en el gobierno de la comunidad, sujetas todas ellas a las restricciones que derivan de los derechos de las demás personas y de los intereses colectivos. Estas restricciones, y los demás sacrificios que puede exigir el estado, deben naturalmente fundarse en la igualdad de tratamiento que merece todo ser humano, sin que puedan establecerse distinciones arbitrarias o injustas entre los grupos e las clases, sobre estos dos principios fundamentales, la libertad y la igualdad, reposan racionalmente las relaciones entre el estado y sus miembros.
Como las cosas y los bienes han sido creados para que el hombre pueda utilizarlos-y este uso constituye también una tendencia natural perceptible en todos los pueblos es lógico que exista el derecho de propiedad. El respeto por la vida y por los bienes ajenos justifica el axioma moral que exige no hacer daño a otro. Y reparar
el que haya sido ocasionado por culpa o negligencia.

En las relaciones humanas cada uno debe recibir lo que le corresponde, de donde deriva, entre otras cosas, la regla que exige el cumplimiento de las obligaciones.

Tales son los principios fundamentales del derecho natural. Derivan de modos de será y normas de existencia inmutables y necesarias del género humano, se imponen a la reflexión, y pueden ser demostrados lógicamente, la razón no los crea, pero los reconoce y puede desarrollarlos y extraer de ellos nuevas conclusiones, antes ignoradas, la ciencia del derecho se encuentra obligada a admitir su existencia si efectivamente aspira a ser una ciencia normativa, es decir, a señalar las normas que deben racionalmente dirigir la conducta humana en sociedad. Pues si se limitara a la contemplación exclusiva del orden jurídico vigente en la realidad, olvidaría los principios y las bases en que este se apoya.
154.

Estos principios fueron ya sintetizados por los romanos, al decir:

iuris praecepta sunt haec: honeste vívere, alterum non Laedere, suum quique tribuere. (Los preceptos del derecho son estos: vivir honestamente, no dañar a otros, dar a cada uno lo suyo). Vivir honestamente significa, en el caso, actuar de acuerdo con las normas morales que se incorporan al orden jurídico; no dañar a otros constituye una de las bases fundamentales de los derechos civil y penal; y dar a cada uno lo suyo es lo que exige la justicia como finalidad suprema del derecho.

|

2014 Enciclopedia jurídica | Aviso legal | Diccionario jurídico de derecho | Mais verbetes : Carta de naturalización | Hallazgo de aeronave | Sui juris

DIMENSION JURIDICA

La dimensión jurídica de la ley natural y su lugar en el orden normativo vigente




Una de las múltiples dimensiones de la ley natural es el ser norma jurídica, es decir, principio informador de relaciones jurídicas y medida de derecho. En tanto norma jurídica, la ley natural aparece como norma de rango constitucional, es decir, como ordenación esencialísima y jerárquicamente superior, que es a la vez principio y cláusula límite de las normas ordinarias. Por tratarse de un sector del orden constitucional que contiene exigencias universales de justicia captables por la razón natural y asentadas en la naturaleza humana, las normas constitucionales-naturales constituyen un núcleo de juridicidad común a todos los pueblos, por lo que parte del orden constitucional interno se identifica con el núcleo del derecho común.  

Palabras Clave

Ley natural, norma jurídica, norma jurídica constitucional, derecho común a todos los pueblos.

Sumario: Aclaración preliminar sobre la naturaleza de estas reflexiones. 1. La ley natural como Ley Fundamental. 1.1 Comunidad. 1.2 Cognosicibilidad por la razón natural. 1.3 Asiento en la naturaleza humana. 1.4 Circunscripción a lo esencial. 1.5 Validez previa a la positivación. 1.6 Juridicidad estricta. Epílogo: consecuencias teóricas de la consideración de la ley natural como parte de la normatividad constitucional vigente.

---

Aclaración preliminar sobre la naturaleza de estas reflexiones

La ley natural constituye uno de los temas clásicos de la filosofía jurídica, política y moral y, en general, de la antropología. Se trata, por lo demás, de un tópico que está inescindiblemente ligado a las ideas de orden del universo y a los principios de causalidad y finalidad¹, por lo que su estudio acaba siempre vinculándose a las cuestiones más trascendentes de las que es capaz de ocuparse la mente humana, como son las estudiadas por la ontología y la teología natural.

Siendo, pues, tan amplio y profundo tema que se va a tratar, conviene advertir desde el principio que las líneas que siguen a continuación no pretenden más que dar razón de una de las múltiples dimensiones de la ley natural que, dicho sea de paso, no es la más importante, dejando para otras instancias la exposición de sus aspectos más trascendentales. En efecto, en este estudio se intentará esbozar someramente las características de la ley natural como norma jurídica y, en consecuencia, como principio y medida del derecho². En otras palabras, se intentará describir el lugar nuclear que tiene la ley natural en el sistema normativo vigente, y esbozar las consecuencias de ello en la determinación de lo justo concreto.

El nivel de abstracción desde el que se analiza la dimensión jurídicamente normativa de la ley natural se halla justo en el límite entre la filosofía y la teoría del derecho, y probablemente pertenezca más a esta última. Y es que a pesar de que se haga alusión a una de las dimensiones fundamentales de la realidad jurídica –cosa que pertenece en principio a la filosofía del derecho–, con ello se pretende simplemente ilustrar cierta parte de los órdenes normativos vigentes (que en cierto sentido analógico pueden llamarse Derecho) como el colombiano, el francés o el angloamericano. Más aún, esta descripción que podría compararse con la observación con lupa de un mapa, está más orientada a la determinación de consecuencias prácticas, especialmente de tipo hermenéutico, que orienten la acción del jurista, que al esclarecimiento exhaustivo de la esencia de la normatividad jurídica natural con fines prioritariamente contemplativos. Por lo demás, los rasgos que se anotarán a continuación son más bien pincelazos de aspectos que podrían desarrollarse con mayor profundidad desde una perspectiva puramente iusfilosófica.

Por último, las anotaciones que se hacen a continuación están mayoritariamente basadas en la concepción clásica del derecho, de la cual son exponentes principales Aristóteles y Tomás de Aquino. Esta concepción tuvo en el siglo XX un fecundo renacimiento del cual son representantes Villey³, Lachance⁴, Hervada⁵, Graneris⁶, Kalinowski⁷, Massini⁸, Vigo⁹, entre otros, además de Finnis¹⁰, Grisez¹¹, y en general la llamada “nueva escuela anglosajona del derecho natural”¹², que si bien rescatan importantes elementos del pensamiento clásico, no pueden considerarse propiamente exponentes del mismo por adoptar una definición demasiado normativista del derecho, y por la indiscriminación entre los ámbitos del derecho y la moral. En todo caso, debe anotarse que la intención de la autora no es recoger o exponer el pensamiento de ningún autor determinado (aunque reconozca su influencia, especialmente en el caso de Javier Hervada) sino describir tan fielmente como sea posible las características de un sector no positivo del orden normativo que rige en todas las comunidades.

1. La ley natural como Ley Fundamental

Es un hecho que durante la mayor parte de la historia de la ciencia jurídica tanto los juristas, como los filósofos que se encargaron de estudiar al derecho desde la perspectiva de la justicia aceptaron sin mayores reparos la idea de que dentro de los muy variados componentes del orden jurídico figuraba un cierto núcleo de contenidos normativos cuya vigencia no dependía del convenio entre los hombres o del mandato de los gobernantes, ni su validez estaba sometida a variación entre los pueblos. Tal conjunto de normas estaría caracterizado, además, por el hecho de ser común a todos los pueblos, y susceptible de conocimiento por todos los hombres. Este tipo de normas, que en algunas ocasiones se identifican de modo extensivo con el ius naturale¹³, o el ius gentium, y que en ocasiones se denominan también ratio naturale, es englobado más propiamente, dentro del vocabulario de la tradición jurídica y iusfilosófica clásica, bajo el nombre de lex naturalis.

A pesar de las coincidencias nominales, esta teoría no es identificable con aquellas que con posterioridad al siglo XVII, han de hablar de una homónima ley natural como presupuesto racional o moral de las verdaderas normas jurídicas (positivas) ya que, como señala Hervada, en tales concepciones de la ley natural como norma prejurídica se halla el germen del positivismo legalista¹⁴, postura radicalmente opuesta a la que fue mayoritaria en el periodo anterior.

Contrario a lo que ocurrirá en siglos posteriores, aquel núcleo normativo que se denomina genéricamente ley natural es tenido como un elemento plena y verdaderamente jurídico, pero no se entiende como derecho en el sentido propio y estricto de la palabra. En efecto, para el hombre clásico el derecho propiamente dicho es aquella cosa concreta que en un caso determinado, hic et nunc, se da en justicia a otro, y es jurídico (o derecho secundum quid) todo aquello que se relaciona de un modo u otro con la atribución, determinación, protección, goce y delimitación de dicha cosa justa. En este sentido, la ley natural, se reputa jurídica en tanto y en cuanto tiene relación con el ius en sentido estricto, esto es, con la cosa justa. Tal relación consiste, principalmente, en que la ley natural actúa como regla y medida de lo justo natural¹⁵. En otras palabras, el orden normativo natural constituye un principio a partir del cual se determina el derecho (natural o positivo) en circunstancias concretas e históricas.

Decir que la ley natural actúa como regla de derecho no es otra cosa que afirmar su carácter de norma jurídica, compartido con cualquier otra norma de derecho positivo. Lo particular de la ley natural como norma es, sin embargo, que su validez se sustrae de la voluntad de cualquier poder político cuyas determinaciones están, en cambio, siempre subordinadas a ellas. Más aún, la ley natural además de actuar como límite de la ley, es principio de aquélla en la medida en que toda ley positiva es desarrollo de algún principio de ley natural en una materia contingente. Por lo anterior, se puede afirmar que la ley natural tiene frente a las leyes de origen humano el doble carácter de límite y principio (origen del que emana pero también fuente de interpretación).

La confrontación de lo anterior con la noción moderna de constitución como estructura jurídica de la sociedad, cuyas normas actúan como límite y principio de otras que se consideran ordinarias, arroja la conclusión de que la ley natural posee carácter constitucional: es ley fundamental. Esto no quiere decir que todos los elementos constitucionales sean de ley natural ya que, por ejemplo, la forma de Estado, el sistema de gobierno, la delimitación del territorio o la confesionalidad son elementos constitucionales que no son universales ni poseen las demás categorías de la ley natural. Pretender que el sistema parlamentario inglés o la estructura administrativa del Estado colombiano sean naturales es ciertamente ingenuo, como también lo es atribuir a la fuerza de la convención y el consenso otros elementos típicos de las constituciones antiguas y modernas como el respeto de la dignidad humana, o la prevalencia del bien común.

Advirtiendo, pues, que al hablar de ley natural no se hace alusión a la totalidad de realidades que comprende la expresión derecho natural en sentido lato¹⁶, ni tampoco a la realidad del derecho natural en sentido estricto¹⁷, cabe señalar algunas de las características de las normas que hacen parte de este primer núcleo constitucional.

1.1 Comunidad

Las normas jurídicas naturales son comunes a todos los hombres (en ocasiones también se les atribuye el ser común a los animales), de modo que vienen a formar reglas aplicables a todos los pueblos¹⁸. En este sentido, se trata de auténticas normas jurídicas de validez global, a partir de las cuales se rigen las relaciones entre quienes, por distintas razones, no pueden considerarse sometidos a un mismo derecho local (por ejemplo, el derecho civil).

La nota de comunidad y permanencia en los distintos sistemas jurídicos no se identifica, empero, con el reconocimiento positivo de las mismas ya que, por una parte el legislador o las comunidades pueden consentir y formalizar deliberadamente la injusticia, y por otra parte, existen ciertos aspectos y preceptos especiales de la ley natural que no solamente pueden ser ignorados por ciertos individuos aislados, sino por sociedades enteras en virtud de una forma de embotamiento colectivo de la conciencia producido por la educación y la connaturalización con lo objetivamente desordenado, en el marco de ciertos contextos culturales¹⁹. Así, por ejemplo, aunque el respeto a la vida humana es indudablemente un principio universal de ley natural, existen ciertos contextos sociales en los que la captación de este principio se puede ver distorsionada o debilitada por una especie de connaturalización con el irrespeto a la vida, como ocurre en ciertas comunidades urbanas marginales o comunas en las que el sicariato se acepta como profesión y actividad normal).

Por lo anterior, la caracterización de la ley natural como derecho común a todos los pueblos no debe entenderse en el sentido de que la coincidencia de todos los pueblos respecto de la aceptación de dichos principios sea causa de la naturalidad de la norma jurídica o de su universalidad, sino más bien al contrario. Es decir, no es una afirmación propia de la tradición clásica el que los preceptos de la ley natural sean universales por ser aceptados por todos los pueblos sino que, por el contrario, el fenómeno de su aceptación común por todas las naciones es explicado en razón de la universalidad y a través de una remisión a la naturaleza²⁰.

Se ha de aclarar, por lo demás, que de la identificación de las normas de ley natural como derecho común, válido en todos los pueblos y aceptado prácticamente en la totalidad de ellos, es decir, como ius gentium o ius commune, no se puede seguir sin más la “naturalización” del ius gentium, o del derecho internacional. En efecto, la afirmación de que la ratio naturale sea una suerte de orden constitucional común a todos los pueblos, o si se quiere de derecho constitucional internacional, ha de entenderse en el sentido de que ésta constituye una especie dentro de un conjunto normativo más amplio: el derecho común. Lo que se está afirmando, pues, es que una parte del derecho común es natural y está al alcance de la ratio naturalis, siendo perfectamente posible –desde el punto de vista lógico– que exista un amplio sector de este orden constitucional del orbe que provenga del convenio, la tradición, la legislación o cualquier otra fuente social. Por lo anterior, resulta incorrecto atribuir a todas las normas del derecho común o de derecho constitucional internacional ciertas notas que sólo son predicables de las normas que derivan su constitucionalidad del estatuto ontológico del ser humano y de las comunidades naturales (la familia, el Estado en abstracto o la comunidad internacional). Atribuir acríticamente al derecho común o de gentes las notas propias del derecho natural, como la irrevocabilidad o la sustracción del ámbito de la discusión pública y de la deliberación supondría la petrificación del ius commune y, ya que el derecho es vida, su muerte en cuanto derecho.

1.2 Cognoscibilidad por la razón natural

El fenómeno de existencia de un cierto número de normas (o principios) comunes a todos los pueblos, que forman la base de un derecho común, es una manifestación o al menos indicio de la existencia de ciertas exigencias de justicia universalmente válidas, y puestas al alcance de la “razón natural”, común a todos los hombres. La alusión a la razón natural, como factor común, ha de entenderse en todo caso referida al significado amplio de “lo natural”, entendido como lo que se sigue en circunstancias normales de la naturaleza y, por tanto, excluye ciertos supuestos culturales, patológicos o circunstanciales de alteración²¹. En este sentido, el hecho de que ciertas personas, puestas en circunstancias ambientales o físicas determinadas, no puedan captar cabalmente ciertos principios secundarios de la ley natural (ejemplo, la vida debe respetarse), no afecta la validez de la premisa antes mencionada sobre la captabilidad de la ley natural por la razón natural. Así pues, casos como el del psicópata que no puede entender la norma natural de la prohibición del homicidio no constituyen prueba de que la ley natural no sea captable por la razón natural dado que en estos supuestos se está frente a una alteración de la capacidad natural de razonamiento moral del hombre. En todo caso, vale la pena aclarar que ni siquiera las más graves perturbaciones del razonamiento práctico del hombre tienen la virtud de evitar que el principio básico de la normatividad natural (ley natural primaria, en términos de Santo Tomás) sea efectivamente conocido. En efecto, todo razonamiento práctico –incluso el más perturbado– está construido sobre el mandato básico de hacer el bien y evitar el mal, que es conocido por todos por la virtud innata de la sindéresis: aun el más enfermo de los psicópatas estructura su acción sobre el principio básico de hacer el bien, aunque la identificación del bien en los casos concretos se encuentre perturbada por factores endógenos o exógenos que la ciencia todavía no ha podido determinar.

También vale aclarar que el estar al alcance de la razón natural no significa una adscripción absoluta al orden del conocimiento espontáneo (doxa), de modo que la reflexión científica sobre estas materias²², o su concreción en leyes más específicas, o su aplicación a casos particulares no exija el ejercicio de la virtud de la prudencia. De este modo, hay que aceptar que los preceptos de ley natural que forman el núcleo más básico de todo orden constitucional no están sustraídos del campo de la interpretación jurídica, e incluso se puede pensar que su amplitud exige una mayor actividad hermenéutica por parte del jurista.

Así mismo, la alusión a la ratio naturalis implica que el acceso racional a los contenidos de la ley natural no exige la aceptación de la verdad revelada, de modo que su conocimiento se entiende, en principio, al alcance de todos los hombres con independencia de su credo. No se trata pues de un conjunto de dogmas, y ni siquiera de un conjunto de conclusiones que se obtienen a partir de la revelación²³, como pretenden dar a entender algunas exposiciones simplistas de esta teoría²⁴ que infieren una naturaleza religiosa de la ley natural y, por tanto, “excluida del debate público”, del hecho histórico de que buena parte del desarrollo de la teoría de la ley natural se haya dado dentro del contexto de la teología moral católica.

Por último, hay que añadir que de la vinculación de la ley natural a la ratio naturalis también se sigue la muy importante consecuencia para la lógica y la gnoseología del derecho de que este conjunto de normas²⁵ jurídicas que subyacen a cualquier ordenamiento particular tienen la naturaleza de principio de razonamiento y conocimiento del derecho²⁶. De ello se sigue, por una parte, la necesidad de considerarlas en la base de la ulterior normatividad positiva, que se entiende como una suerte de especificación o determinación²⁷ (pero no deducción) suya, y por otra parte, pero en relación con este primer punto, su aptitud de criterio interpretativo²⁸ frente la legislación positiva. Entiéndase aquí por criterio interpretativo no solamente aquello que sirve para esclarecer el significado y sentido de una disposición oscura o para subsanar las lagunas de un determinado cuerpo normativo, sino también aquel parámetro por el cual se mide la racionalidad de reglas²⁹ (e incluso principios) bien sea para reconducirlas a un sentido recto o para, en casos más extremos, declararlas inaceptables dentro del sistema normativo.

Se debe señalar, sin embargo, y para evitar el riesgo de caer en una suerte de legalismo natural, que la afirmación antes suscrita de que la ley natural constituye un parámetro o criterio de interpretación y enjuiciamiento de normas positivas no equivale a la muy distinta afirmación de que ésta constituye el único criterio de interpretación de las normas positivas. En efecto, la vocación a la aplicación en circunstancias concretas e históricas que es inherente a la noción misma de ley obliga a revisar la racionalidad de una disposición en particular no sólo a la luz de otros principios más generales sino también a la luz de las circunstancias históricas y contingentes en que se aplique, pues no es del todo imposible que aquello que en términos generales no contraríe la ley natural (o si se quiere poner en términos más modernos, los principios más generales del derecho) la llegue a vulnerar en un caso determinado. Y así por ejemplo, la exigencia de interrogar a un testigo en un proceso penal, que en sí misma parece bastante razonable, puede llegar a contrariar la ley natural en el caso de que, por ejemplo, la condición física del acusado haga suponer que la realización del interrogatorio pone en peligro su vida.

Además, según se verá más adelante, los preceptos generales de la ley natural deben ser ellos mismos interpretados a la luz de las inclinaciones y los fines naturales del hombre, que en definitiva es la fuente común de la cual emanan tanto los derechos como las normas no positivas. Lo anterior supone que la interpretación jurídica no tiene como término último una regla racional (la ley natural) sino una realidad: la estructura dinámica y teleológica del ser humano.

1.3 Asiento en la naturaleza humana

Es necesario señalar también que si hay alguna exigencia que la razón natural descubre en todo tiempo y en todo lugar, se debe suponer que existe también un sustrato común que origina tal coincidencia. Dicho sustrato no es nada distinto a la naturaleza misma (del hombre, de la sociedad y de las cosas), esto es, a la estructura radical de las personas, de la sociedad y de las cosas. Sin embargo, como se advirtió al referirse al significado del calificativo “natural” de cierto sector del derecho, es necesario volver a recordar que en el concepto mismo de naturaleza se encuentra incluida una dimensión de historicidad y que por tanto lo natural, aún siendo lo estable y lo permanente, está llamado a desenvolverse en circunstancias históricas contingentes y variables por lo que, si bien los primeros principios de la razón natural permanecen inmutables, los preceptos relativos a su aplicación en cada caso sí pueden diferir y hasta radicalmente. Además, desde la perspectiva clásica, en la calificación de “lo natural” también hay una cierta referencia a lo que se sigue de la naturaleza (que es una y universal) en circunstancias “normales” o en “la generalidad de los casos”, sin que sea del todo imposible que se presenten “excepciones”³⁰.

La remisión de las normas de ley natural a la estructura fundamental del ser humano –su naturaleza– es, sin duda alguna, el aspecto más problemático de la concepción clásica de la ley natural, pues desde la perspectiva de la epistemología moderna se juzga improcedente la “derivación” del deber ser a partir del ser, o si se quiere formular en términos lógicos, la formulación de proposiciones deónticas a partir de enunciados ónticos.

Esta suerte de reparos sobre la legitimidad de la fundamentación del deber ser jurídico (y en general de cualquier índole de proposiciones deónticas), o bien se origina de la atribución injustificada de un significado meramente empírico o fenomenológico a la apelación que la teoría clásica hace al “ser” o a la “naturaleza”, o bien se origina de la impugnación –aún más seria– de la legitimidad de un discurso metafenoménico sobre la naturaleza. En otras palabras, las objeciones a la fundamentación ontológica de la ley natural, con algunas excepciones³¹, generalmente están basadas en la suposición simplista de que cuando los clásicos aluden a la naturaleza lo hacen en términos fenomenológicos (asunción de que la otra postura parte de los propios supuestos epistemológicos y ontológicos), o en la negación (generalmente no sustentada) de la legitimidad de un discurso metafísico (identificación correcta de los supuestos gnoseológicos y epistemológicos de la postura metafísica impugnada pero negación de la validez de los mismos).

Se trata, en todo caso, de objeciones de fondo que ameritan un estudio más detallado. De momento baste decir que tanto en el supuesto de las críticas a las teorías de la ley natural que basan su reinterpretación a la luz de supuestos ontológicos y gnoseológicos que les son ajenos (como la identificación de lo natural con lo fenoménico), como en el supuesto de la negación a priori de la validez de cualquier argumento metafísico o teleológico, es imposible entrar en un debate auténtico sobre la ley natural. En el primero caso, el debate se hace imposible en la medida en que, al identificarse incorrectas o al menos restrictivamente las teorías iusnaturalistas, éstas no son realmente sometidas al examen racional. Al conjunto de las teorías iusnaturalistas se imputan incoherencias conceptuales que sólo se pueden predicar de ciertas versiones del iusnaturalismo moderno o de la interpretación incorrecta de la tradición clásica a la luz de supuestos filosóficos que no le corresponden. Por lo anterior, la pretendida polémica entre iusnaturalistas y iuspositivistas acaba siendo un caso típico de la falacia del hombre de paja. En el segundo supuesto, también se excluye el diálogo racional puesto que los presupuestos ontológicos y gnoseológicos del iusnaturalismo han sido previamente rechazados. Así pues, para ser aceptado en el “diálogo científico”, el defensor del iusnaturalismo (al menos del iusnaturalismo clásico) se ve obligado a abdicar de los presupuestos filosóficos que dan coherencia y consistencia a su teoría, sin que se den mayores motivos para rechazar tales supuestos. El iusnaturalismo queda de esta manera en un callejón sin salida: o renuncia a los principios que le dan sentido y coherencia, y es rechazado por contradictorio, o no renuncia a tales principios y es rechazado por irracional y mitológico.

1.4 Circunscripción a lo esencial

Como consecuencia de su vinculación a la naturaleza se sigue una cierta circunscripción de la normatividad natural al orden de las exigencias básicas y esenciales. El orden de los primeros principios de la justicia no incluye, ni puede incluir, la regulación de todos los detalles de la vida social, pues ésta depende de muchascircunstancias variables y contingentes. Además, según se verá más adelante, la naturaleza del hombre es abierta y libre, de donde se sigue que la norma que emana de modo más directo de ella no puede ser una regulación omnicomprensiva que asfixie ámbitos de libre determinación. Afirmar la existencia de tal clase de normatividad implicaría o bien la contradicción de afirmar que la ley natural no es natural (pues lo determina todo), o bien afirmar que la naturaleza humana no es del todo libre.

Más que un conjunto de premisas generales, que contienen implícitamente un número infinito de subreglas sobre las más insignificantes minucias de la vida social llamadas a ser deducidas de un modo muy similar al despeje de los problemas algebraicos, la ley natural (o si se quiere el sector natural de la normatividad) contiene preceptos relativos a las exigencias básicas de la justicia y a las tendencias humanas fundamentales, que exigen³² su desarrollo en forma de leyes positivas, o por lo menos es susceptible de ello. En este sentido, las normas positivas no sólo no se oponen a las naturales sino que son desarrollo y exigencia de estas últimas.

La normatividad natural es, pues, principio de normas más concretas que la desarrollan y la hacen efectiva en las diversas circunstancias históricas, y de ello sigue la inexistencia de un sistema normativo enteramente natural o de alguno que se pueda considerar “la” plasmación absoluta, única, universal y definitiva de la ley natural. Por tanto, a partir de esta restricción del ámbito de la ley natural a lo que es fundamental, se justifica la afirmación de que su reconocimiento implica a su vez un límite y una garantía de la libertad configuradora del legislador positivo.

En efecto, si la ley positiva constituye una de las especificaciones posibles de la ley natural (aunque en ocasiones ésta no admita múltiples concreciones) hay que asumir que quien detenta la función legisladora (en sentido amplio y no técnico) no se encuentra en una posición absolutamente creadora, por cuanto no legisla ex nihilo sino a partir de una serie de presupuestos normativos previos que, como se verá más adelante, expresan las inclinaciones y tendencias básicas del ser humano. Esta suerte de derivación –no deductiva ni siempre necesaria– permite enjuiciar el texto positivo y valorarlo según sea más o menos conducente a los fines señalados por la ley natural, y es criterio de interpretación y flexibilización de sus mandatos.

1.5 Validez previa a la positivación

La ley natural se entiende y se describe en algunas ocasiones como “ley no escrita”³³ o lex indita non scripta³⁴. Esta afirmación no se debe entender en el sentido de que la nota distintiva de la ley natural consista en su no escritura (como sucede con la costumbre) ni de que no pueda de hecho estar escrita en cuerpos positivos como códigos o constituciones, sino en el sentido de que su validez, obligatoriedad y cognoscibilidad no dependen del acto de escritura o, dicho de otro modo, no necesita ser escrita, o de modo más general promulgada, por ningún acto de autoridad humana, ya que desde el principio se halla inscrita en la naturaleza del hombre³⁵. Se trata, por tanto, de normas anteriores al reconocimiento político³⁶ y cuya validez (aunque no su eficacia) es independiente del mismo³⁷.

De la referida independencia de la validez y obligatoriedad de la ley natural frente a la voluntad de los hombres y de los pueblos se siguen tres consecuencias: en primer lugar, por no tener su origen en el acuerdo o la imposición de los hombres, las normas jurídicas naturales no se pueden derogar o reformar por acuerdo entre los hombres³⁸, de modo que constituyen un límite claro al poder político (detentador de la facultad legislativa).

En segundo lugar, ya que el acto de promulgación o de escritura (estos dos conceptos no son equivalentes) no es lo que determina la obligatoriedad jurídica de la norma natural, ni puede modificar su contenido, no hay razones para sostener que la ley natural pierda su “naturalidad”³⁹ por el acto de promulgación positiva y, en este sentido, su principal criterio de interpretación seguirá siendo su fundamento real, esto es, la persona humana y su naturaleza digna. La naturaleza humana se torna, por lo tanto, en criterio legítimo y plenamente jurídico de interpretación normativa.

La permanencia del carácter natural de la norma de ley natural positivizada significa, así mismo, la persistencia de todas las propiedades que “inhieren” a su estatus de naturalidad o, si se quiere, de “máxima fundamentalidad”. Ello se traduce en la persistencia de su inderogabilidad o irreformabilidad, así como en el hecho de que siempre sean exigencias “fuertes” dentro del sistema jurídico.

Partiendo de la tesis arriba anotada de que la norma natural constituye una verdadera “Ley Fundamental” o, lo que es igual, es la más constitucional de las normatividades, se puede extraer una conclusión de particular importancia para los modernos sistemas jurídicos basados en la jerarquía normativa y en la prelación de las normas constitucionales: la positivación de las normas que por naturaleza tienen carácter constitucional no puede alterar la jerarquía intrínseca de éstas de modo que del hecho de que el acto de positivación de una exigencia de ley natural sea el propio de la creación de normas positivas infraconstitucionales (ejemplo, el procedimiento de las leyes ordinarias o los decretos) no se sigue que la norma haya adquirido un nuevo carácter “ordinario” y subordinado jerárquicamente a otras reglas “positivas” de carácter constitucional. Así, por ejemplo, por más de que la prohibición del homicidio (o la garantía del derecho a la vida) no constara más que en un decreto presidencial, resultaría descabellado suponer que se trata de una norma jerárquicamente inferior a la que determina las competencias legislativas de cada uno de los parlamentos de los estados federados en un modelo federalista.

Estas precisiones son relevantes toda vez que contrastan frontalmente con los planteamientos del iusnaturalismo moderno a la luz de los cuales, siendo el derecho positivo el único y verdadero derecho válido, el acto de positivación se debe entender como una verdadera atribución de juridicidad a una norma que hasta el momento había sido meramente moral. Por tal razón, a la luz de estas corrientes, el análisis jurídico de la norma que recoge la ley natural debe estar referido al acto que es causa de su juridicidad y, por consiguiente, al acto concreto de plasmación y al texto específico en que se consigna. En resumen, el abandono de la idea de la conservación del carácter natural de la norma positivada es causa directa de una forma de interpretación dogmática y antimetafísica de la misma, muy difundida actualmente en el ámbito del derecho constitucional.

En tercer lugar, y como consecuencia de las características anteriormente referidas, el acto por el cual la autoridad política incorpora y pone por escrito lo que es necesario por ley natural se entiende como un simple acto de reconocimiento y explicitación de lo que ya está en el sistema jurídico. En consecuencia, la norma positiva que reconoce o reproduce una norma jurídica de ley natural (por ejemplo, las modernas normas constitucionales que recogen los derechos fundamentales) tiene frente a aquella (la norma de derecho natural) una función primordialmente lingüística: es la expresión lingüística (generalmente escrita) de la ley natural⁴⁰. En términos del moderno constitucionalismo alemán cabría decir que la relación entre la ley natural y su positivación es del tipo de la que existe entre la norma y el enunciado normativo⁴¹.

De lo expuesto se siguen dos conclusiones. Por un lado, la falta de concordancia entre el significante (el texto o la disposición que recoge la ley natural) y lo significado (los principios de ley natural) se entiende como un defecto en el acto comunicativo. Así, la plasmación torpe de la ley natural en textos positivos por parte del legislador ha de entenderse como un acto erróneo y no como una mutación de lo mandado por la naturaleza. Por otra parte, tal defecto de la comunicación se subsana tratando de encontrar la concordancia entre la palabra y la realidad que se pretende designar con ella, esto es, interpretando las disposiciones positivadas a la luz de la ley natural, e interpretando esta última a la vez, a la luz de la naturaleza humana, según se explicó en otras líneas.

1.6 Juridicidad estricta

Aquellos contenidos de la ley natural que poseen relevancia jurídica (o sea, los relacionados de modo directo con la dimensión externa y social de la conducta humana) son normas (principios o reglas) jurídicas en sentido estricto y no mandatos morales prejurídicos (según se ha dicho en numerosas oportunidades). En tanto norma jurídica, la ley natural jurídicamente relevante cumple las funciones de tal, es decir, manda, prohíbe, permite y regula, según explica Hervada en la Introducción crítica al Derecho Natural⁴². Ahora bien, mientras que las dos primeras funciones constituyen límites rígidos y claros a la libertad de configuración política, las otras dos admiten modificación legislativa de modo que aquello que es naturalmente permitido pueda llegar a no serlo en virtud de orden de autoridad o pacto entre particulares, y que a la regulación natural se puedan añadir legítimamente requisitos adicionales. Empero, cabe señalar que las prohibiciones que haga la autoridad sobre lo que es de suyo lícito, o las regulaciones adicionales que se hagan, deben tener alguna justificación⁴³, pues una restricción legislativa que en nada beneficia a nadie ni conduce a la realización de los bienes humanos básicos no es más que arbitrariedad del gobernante. En este sentido, vale recordar que la tradición iniciada por Isidoro de Sevilla y seguida por Tomás de Aquino exige a la ley positiva, entre otras cosas, el ser necesaria, útil, clara y tendiente al bien común, con lo que en definitiva no se hace más que reiterar que ha de ser instrumento idóneo para la satisfacción de las exigencias humanas fundamentales que prescribe la ley natural⁴⁴.

Esta última dimensión parece, en principio, tener una connotación más política que jurídica por cuanto la irracionalidad que deviene de la ineptitud y superfluidad de la norma no siempre parece lesionar de modo grave el derecho natural y, en especial, porque tradicionalmente no ha sido función del jurista ordinario el enjuiciar la pertinencia de las leyes, salvo en casos muy extremos. Empero, desde la perspectiva del modelo neoconstitucionalista en el que se instituye un estricto control sobre la racionalidad de las leyes de orden inferior que desarrollan preceptos constitucionales, y en el que se atribuye el control de dicha racionalidad o proporcionalidad a un órgano judicial, la juridicidad de la exigencia antedicha resulta reforzada e incluso se ubica dentro del catálogo de tópicos más relevantes para la ciencia del derecho.

También conviene anotar que, en tanto norma jurídica, la ley natural (cuando cumple su función de norma jurídica natural) es indicio o principio de derecho mas no el derecho mismo (tal como se ha explicado insistentemente en la primera parte de este trabajo), por lo que la ley natural también debe ser objeto de una actividad hermenéutica, tanto como toda norma. En este sentido, lo fundamental no debe entenderse como sinónimo de rígido o excluido de interpretación.

Por último, el señalamiento de la ley natural como norma jurídica hace suponer que es causa y medida del derecho. Lo dicho hasta el momento sobre las funciones de mandar, prohibir, permitir y regular está referido a la segunda de las funciones. El ser causa de derecho, en el sentido de ser título suficiente de deudas concretas, no es en cambio tan propio de la ley natural como podría ser de las leyes positivas. Al respecto explica Hervada:

No cabe duda de que la ley natural es medida de los derechos naturales; pero ¿es causa suya? En otras palabras y a modo de ejemplo, ¿el derecho a la vida surge del precepto “no matarás a otro”, el derecho de propiedad del mandato “no hurtarás? Evidentemente no; la norma “no hurtarás es consecuencial al derecho de propiedad, etc., pues no se tiene el derecho a la vida o a la propiedad porque existan los preceptos, sino que los preceptos existen, porque existen los derechos. Y es que los derechos naturales no nacen de un juicio de razón –como lo es la ley natural– sino de la naturaleza humana⁴⁵.

Epílogo: consecuencias teóricas de la consideración de la ley natural como parte de la normatividad constitucional vigente

Las afirmaciones que hasta el momento se han expuesto sobre el carácter constitucional de la ley natural no se pueden entender plenamente sin un replanteamiento de la teoría general del derecho más aceptada en la actualidad. Dicho replanteamiento coincide, en parte, con las líneas fundamentales de la revolución neoconstitucional que se ha venido gestando en las últimas décadas, pero la trasciende en otros muchos aspectos.

La primera y más obvia revisión a la que obliga la aceptación de la ley natural en la normatividad fundamental es la que tiene que ver con la tradicional relegación de esta ley a un ámbito meramente moral que en nada afecta al derecho. Esto supone, desde luego, una superación del dogma positivista de la completa convencionalidad y artificialidad del derecho, pero más allá de ello obliga a abandonar la principal de las características de la metodología jurídica positivista: el formalismo. En efecto, el reconocimiento de una norma que emana de manera directa de la realidad humana supone necesariamente la ruptura con una tradición que escinde el ámbito de lo jurídico y el ámbito de lo real y, en general, todo el mundo de la naturaleza del mundo del espíritu.
Por otra parte, las tesis hasta ahora referidas sobre la naturaleza jurídica-constitucional de la ley natural aparejan inevitablemente una revisión del teoricismo metodológico que es propio de las visiones positivistas del derecho. En efecto, una concepción de la ley natural como precepto de la razón práctica cuya concreción exige un razonamiento igualmente práctico es de suyo incompatible con el método silogístico deductivo que predican las formas más tradicionales del positivismo. En este sentido, y por extraño que parezca, el reconocimiento de un componente universal y necesario en el derecho tiene por consecuencia el reconocimiento de dimensiones de contingencia en el ordenamiento jurídico mucho mayores que las que el positivismo silogístico parece dispuesto a reconocer.

Por último, las tesis anteriormente expuestas sobre la naturaleza constitucional de la ley natural abren paso a un constitucionalismo cosmopolita que supere las caducas concepciones estatalistas del derecho en la medida en que identifica el núcleo del ordenamiento constitucional estatal con aquellos principios de derecho válidos en todos los pueblos y presentes (aunque no necesariamente de modo institucional y positivo) en todo ordenamiento vigente. En este sentido, la tesis aquí planteada supone la equiparación material del núcleo fundamental del orden constitucional interno con el núcleo fundamental del orden constitucional internacional.